Programa Sin Fronteras 18 de noviembre de 2022
Aquí el programa completo en You Tube https://youtu.be/G4dAqvAx3QU
NEUQUEN Tres empresas interesadas en prestar el servicio de colectivos en la ciudad de Neuquén
Las empresas Grupo Indalo, Expreso Tigre Iguazú SRL y Koko SRL se presentaron a la licitación pública nacional para el transporte público de pasajeros en la ciudad de Neuquén. Las ofertas fueron abiertas hoy en medio del cumplimiento de estrictas condiciones legales y administrativas y en un mes se conocerá si cumplen los requisitos exigidos por la Municipalidad.
La característica principal del nuevo modelo es salir de un monopolio a un servicio de grupo de empresas para que compitan entre ellas, organizar tres grupos con 10 líneas de modo que la ciudad pasará a tener de 25 a 30 líneas a partir de la adjudicación que se estima se producirá a mediados de enero de 2023.
La concesión es por 10 años, y a partir de esta nueva plataforma la flota será de 180 colectivos en la calle, que es el 100 por ciento más que la actual,
“Muy contento por la presentación de tres empresas”, señaló el intendente Mariano Gaido, “es muy importante en este país ante las dificultades por la inflación que te quita posibilidades de conseguir las unidades cero kilómetro”. “Es una licitación con condiciones realmente de excelencia”, insistió.
Aludía a algunos requisitos definidos en los pliegos, como los que exigen coches nuevos, accesibilidad para las personas con dificultades de movilidad, aire acondicionado y calefacción, que recorran todos los sectores de la ciudad, no solo el centro. “En relación a lo que sucede en el país donde se ha presentado una sola empresa, que lo hayan hecho tres es superador”, insistió.
“Esta jerarquía de 184 unidades no es para cualquier empresa”, determinó Gaido más adelante, “sin lugar a dudas es una gran oportunidad poder llevar adelante la mejora del transporte público, todos sabemos las deficiencias que tiene, todos conocemos que este tema hay que resolverlo”.
“Todos estamos esperando un nuevo sistema de transporte público de excelencia”, destacó en la misma línea argumentativa el secretario de Movilidad Urbana y Servicios al Ciudadano, Santiago Morán, tras recordar que esta instancia es producto de un trabajo de casi dos años que implicó en la planificación a consultores internos y externos, consultas a la población, dos audiencias públicas abiertas y el consenso legislativo, entre otros aspectos.
El proceso de análisis integral de las ofertas demandará 30 días a cargo de una comisión de preadjudicación conformada por técnicos de distintas áreas de la Municipalidad, entre ellas las de Movilidad, Economía y Legales. Luego correrá un plazo idéntico para la etapa de aceptación de los oferentes si cumplen las exigencias.
Morán informó que esa comisión definirá si las ofertas cumplen con los requisitos exigidos por el municipio neuquino para una nueva concesión, y que el orden de prelación se establecerá a través de un sistema de puntaje que toma en cuenta diferentes parámetros, por ejemplo cantidad de coches cero kilómetro ofrecidos, la accesibilidad de los coches para personas con movilidad reducida, sistema de calefacción, cámaras de seguridad para el conductor y los pasajeros e incorporación de tecnologías para controlar las frecuencias.
"Planteamos una licitación donde el sistema tiene cambios importantes, principalmente se incorporan muchos colectivos y se atiende a doce sectores que no están atendidos o son deficientemente atendidos", explicó Morán. Entre ellos, Los Hornos, Colonia Nueva Esperanza, la calle Río Colorado/Futaleufú en Valentina Sur, al límite con Plottier; Rincón de Emilio, Rincón del Río, Confluencia Rural y Balcón de la Ciudad.
Aclaró además que con el traspaso, los actuales choferes tienen garantizada la fuente laboral, “en eso no hay discusión”
El funcionario resaltó la transparencia del llamado a licitación pública nacional normado por ordenanzas y la Ley de Administración Financiera y Control de la provincia, a la que el Concejo Deliberante adhirió oportunamente.
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Poco sorprende ya cualquier falsificación de la historia o la instalación de relatos con el claro objetivo de ocultar la verdad y disimular lo evidente por parte del oficialismo. Tampoco las cataratas de fake news para descalificar, armar carpetazos o simplemente mitigar efectos indeseables para los propios.
Trampas viejas y tretas harto conocidas para intentar granjearse la simpatía de la ciudadanía son moneda corriente y suman ya demasiados ejemplos. Basta recordar la feroz campaña para instalar falsedades en torno del asesinato de Alberto Nisman, ignorando evidencias y manipulando la escena del crimen, habiendo denigrado no solo su imagen y su trabajo mientras estuvo vivo, sino, peor aún, también después de muerto, para agravio de su familia.
Conocido es el caso del juez Sebastián Casanello, cabeza de la investigación contra Lázaro Báez, de comprobadas probidad e independencia. Desde el oficialismo, una vez más, se abocaron a fabricar testigos que aseguraban haberlo visto en Olivos arreglando temas judiciales con Cristina Kirchner para recusarlo y reemplazarlo por un juez complaciente. La maniobra fue desbaratada y los que levantaron falso testimonio fueron condenados, así como Lázaro Báez. Descubierto el escandaloso ardid, recientemente la vicepresidenta, siempre dispuesta a victimizarse desde su rol estelar, argumentó que se trató de otra maniobra en su contra. La mentira asume mil caras al servicio de diversos fines. Casi de manual fue el tristemente célebre Operativo Puf, una escena con falsos actores y un juez militante y servil, sumado a unos cuantos sinvergüenzas detrás de una paga, fuese esta por caso una banca en alguna legislatura, dispuestos a demoler la causa cuadernos, separar a los investigadores e impedir las declaraciones del excontador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, y de la viuda de Daniel Muñoz, enriquecido secretario privado de Néstor Kirchner. Si bien la dimensión de la operación fue enorme y costosa, no alcanzó los objetivos deseados.
De más está decir que la red de falsedades se urde siempre a partir de un denominador común: la utilización de servicios o pseudoservicios de inteligencia, todos ellos salidos no solo de la ex-SIDE, actual AFI, sino también del seno de las distintas fuerzas de seguridad y defensa, sumando también antigua mano de obra desocupada que trabaja ávidamente fuera de cualquier control.
Cualquier ocasión resulta buena para sorprender a la gente en su buena fe con fines inconfesables. El llamado Copitosgate no viene arrojando los resultados esperados, a juzgar por relevamientos que confirman que 6 de cada 10 argentinos descreen de la existencia de un atentado contra la vida de la vicepresidenta. Al conectar este episodio con una minúscula agrupación de activistas, conseguida incluso a ese fin la pluma de un fiscal, la confusa situación condujo a la indebida privación de libertad de algunas personas y abrió el camino para continuar sembrando acusaciones sin fundamento cierto. Recientemente, ingresó a la escena un militante k convertido en previsible y falaz testigo que refirió haber escuchado días antes del presunto ataque al diputado opositor Gerardo Milman anticipar con sus dichos en un bar algún conocimiento del intento de asesinato. Se armó el venenoso cóctel de mentiras maliciosas que la rapidez y eficiencia de la jueza, ahora recusada, desactivó. Denunciado por falso testimonio, el testigo deberá ser juzgado por perjurio.
A la fecha, la jueza que se ocupó diligentemente de investigar casi todas las pistas que se le presentaban, cerca ya de pedir el juicio oral de los acusados, fue recusada por la vicepresidenta. Sus abogados insisten en conectar la influencia de Revolución Federal sobre Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, un tan descabellado como falaz financiamiento de Caputo Hermanos y los vínculos con Milman, elementos que la magistrada se negó a considerar unificados en una sola causa y que fundamentarán el rechazo de su recusación.
El propio impresentable ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, obediente alfil, confiesa sin tapujos realizar tareas de inteligencia sobre la jueza María Eugenia Capuchetti, pretendiendo denostarla públicamente por supuestos vínculos con la AFI en tiempos del gobierno anterior. La sombra del célebre delito de agenda, tipificado trágicamente en la Argentina de los 70, vuelve a la escena, esta vez ligado a un funcionario que debería explicar qué hacen o hacían sus propios familiares en la Secretaría de Inteligencia. Todo de la mano de un payasesco equipo jurídico que se repite una y otra vez y que a la sazón, como es público, visita con frecuencia al exintegrante de los servicios y hoy viceministro de Justicia, otro tenebroso funcionario omnipresente en los más oscuros expedientes de la historia argentina reciente. Aún no se ha determinado qué hacía, por ejemplo, el diputado todoterreno Rodolfo Tailhade pidiendo el teléfono de Brenda Uliarte, implicada en el hecho del 1º de septiembre en Recoleta. O qué vínculo unía a Los Copitos con un periodista televisivo, cliente de uno de los abogados del activo equipo jurídico mencionado. Nuevamente, la creatividad conducirá sin duda a los argumentos más inverosímiles. Pero como, además de torpes, son ya absolutamente previsibles, desde el poder se intentará ocultar todo esto. Se le asignará algún conveniente e incomprobable rol a la amiga del diputado Milman, como alguna relación con el canal Crónica TV, como supuesto indicador de vaya uno a saber qué.
Dos días antes del episodio, Juan Manuel Ubeira, uno de los abogados de Cristina Kirchner, confesaba temer por la vida de la vicepresidenta. ¿Qué sabía?, ¿qué había escuchado?, ¿qué anunciaba? Nada se explica a este respecto aún.
Tanta maniobra distractiva logró su cometido: que se dejara de hablar o se hablara menos del histórico alegato de los valientes fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de agosto pasado en la causa Vialidad. Hoy, la estrategia de los fiscales es avanzar rápidamente hacia el veredicto final, para lo cual rechazaron responder los alegatos de la defensa.
Desarticular una por una la sarta de mentiras y distracciones que el oficialismo pretende seguir instalando es la única forma de arribar a la verdad. Ante la gravedad de la hora, es deber de una ciudadanía comprometida con los valores de la república reclamar el esclarecimiento de todos los hechos y exigir que la Justicia haga su trabajo con probidad e independencia.